La fiscal Gabriela Fossati y el ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano llegaron a un acuerdo judicial este miércoles. La causa es por su participación en una organización que falsificaba documentos para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos; y además compartía información reservada con jerarcas policiales a quienes les hacía y pedía favores.
Según la acusación de la fiscal, el ex custodio de Lacalle Pou accedió a cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, de donde sacaba información para su interés y que alguna vez compartió con el mandatario.
En la presentación de Fossati de hoy ante el juez Alejandro Asteggiante, la fiscal establece que pudo comprobar la participación de Astesiano en un grupo delictivo a través de videos, audios, mensajes y pericias técnicas a teléfonos celulares y computadoras, tanto del ex custodio del presidente Lacalle Pou como de sus “socios” en la maniobra ilegal.
De acuerdo a la fiscal, el escribano Fernández (también imputado desde el año pasado) “contactó a Astesiano para que cumpliera un rol de ‘facilitador’ dados sus contactos por su condición de Jefe de Seguridad Móvil del Sr. Presidente de la República y su familia, reuniéndose en varias oportunidades para afinar su rol, tanto en el despacho laboral del imputado (en Torre Ejecutiva), como en el estudio de Fernández, o en bares”.
Fossati agregó en su escrito que Astesiano recibió “como adelanto por su actividad de parte de Fernández la suma de U$S 10.000, la que se le abonó en dos partes”.
Sin embargo, la fiscal establece que Astesiano “recibió alguna documentación pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”.
De acuerdo al texto de la acusación que presentó Fossati en el acuerdo ante el juez, “Astesiano proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de Presidencia, como por ejemplo al secretario personal del presidente de la República Nicolás Martínez, o al propio presidente”.
Además, “recibía pedidos de información para realizar gestiones de parte de civiles y de funcionarios públicos, se comprometía a brindarla pero la mayoría de las veces no lo hacía”, concluye la Fossati.
El senador del Partido Nacional Jorge Gandini dijo que «desde lo formal se cierra una etapa» porque «la Justicia se expresó y el señor Astesiano reconoció» respecto al caso que involucra al ex custodio de Presidencia, hoy condenado por su participación en la organización delictiva que falsificaba partidas de nacimiento para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos.
Es una etapa cerrada, pese a que «seguramente haya otras etapas», añadió el legislador.
«Hay otras cosas que han rodeado este asunto y seguramente seguirán», sostuvo Gandini. Y agregó que «no hubo consecuencias penales» de espionaje ni los pedidos de escuchas a profesores del liceo 41 de Montevideo.
Deberá pagar una multa de 100 unidades reajustables (unos $ 150 mil) y tiene prohibido ocupar cargos públicos durante cuatro años, informó
