La sentencia dictada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini la declaró autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La Fiscalía había pedido una condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos, sin embargo, la Justicia resolvió sentenciarla a seis años de prisión y accedió al pedido de inhabilitación. De todas formas, la vicepresidenta de la nación tiene fueros por lo que no irá a la cárcel, y puede apelar el fallo.
Fernández, junto a otras 12 personas, era investigada por desviación de recursos destinados a obras públicas para beneficiar a un empresario.
Cristina Fernández denunció que se encuentra en “estado de indefensión” y que este juicio es una maniobra de persecución política.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que haría un paro si la vicepresidenta era condenada. “Si la tocan a Cristina paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país”, manifestó el sindicato. El dirigente social Luis D’Elía anunció un corte de ruta “hasta que cese la persecución a Cristina”, y la agrupación kirchnerista Soberanos, en la que milita el exvicepresidente Amado Boudou, llamó a movilizarse para esperar el fallo. Otras organizaciones como Resistiendo con Aguante se sumaron a la iniciativa, informaron diarios argentinos.
