Ana Lorenzo integrante de la Sociedad de Tabacología mostró su satisfacción por tal decisión y agregó que «Estamos confiados de que en segunda instancia también se pueda reconocer que el derecho a la salud prevalece sobre los derechos comerciales», dijo sobre si el gobierno apela. Manifestó que desde el Ejecutivo se habla en todo momento de elementos comerciales, y esto es un tema de salud».
Lorenzo dijo que el gobierno no presentó evidencia de que la medida no afecta a la población de niños, niñas y adolescentes, pero que la Sociedad de Tabacología sí ha demostrado el efecto «del accionar de la industria en esta población»: «Estamos confiados en que tenemos suficiente evidencia como para demostrar que debe defenderse el derecho a la salud y además proteger las políticas de salud pública de los intereses de la industria tabacalera, como lo dice el convenio marco que Uruguay suscribió en 2004».
Para los expertos, flexibilizar la política puede tener un impacto en la población joven y «sería un daño irreparable en esta población». También explicó que se trata de una población «especialmente vulnerable frente a las estrategias promocionales de la industria tabacalera». Critican también que el decreto es una «regresividad» en derecho a la salud.
