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La SIP manifestó su preocupación por el allanamiento a Azul FM

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)  se manifestó por el allanamiento a Azul FM y la orden judicial para requisar el contenido informativo del periodista Ignacio Álvarez por la difusión de audios del caso de violación a una mujer de 30 años en un apartamento de Cordón.

Consideró que “estos episodios pusieron en riesgo la libertad de prensa al afectarse el secreto y el anonimato de las fuentes periodísticas”, y advirtió la necesidad de reformar una ley que permite sancionar a los periodistas hasta con dos años de cárcel. Valoró que fuera dejada sin efecto el registro de la vivienda del periodista y la incautación de su teléfono celular. La Fiscalía General de la Nación reconoció que la orden de registro de la emisora y de la casa del periodista fue un procedimiento ‘innecesario’, y la fiscal dijo que su accionar fue un ‘error estratégico’”.

Mencionó que el caso conmocionó al país y  que se suscitaron acalorados debates sobre ética periodística y libertad de prensa en un país que, según el Índice Chapultepec de la SIP, es ejemplo en las Américas en materia de libertad de expresión”.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, reivindicó el derecho a la libertad de prensa y del público a estar informado sin ningún tipo de cortapisas. Consideró que “el allanamiento a la radio representó una actitud desproporcionada por parte de la Justicia”. “Los periodistas no somos auxiliares de la Justicia, ni tampoco delincuentes a prima facie como para que seamos atropellados con medidas forzosas que desconocen principios de libertad de prensa”, agrega.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que este caso representa un avasallamiento al derecho legal y legítimo a la protección y la reserva de las fuentes periodísticas, un despropósito que conlleva el riesgo de intimidar a otras fuentes periodísticas.

Ambos consideraron productivo el debate social sobre el caso, que “permite entender mejor la libertad de prensa y su valor esencial en una sociedad democrática”, y que el procedimiento judicial, tanto de fondo como de forma, mostró un sesgo peligroso que desconoce el derecho internacional y la garantía legal en Uruguay sobre la reserva de la fuente, garantizada expresamente desde hace más de tres décadas.

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