La vicepresidenta argentina recibió este lunes el primer pedido de condena formulado por un fiscal federal en el marco de un juicio oral denominado «Vialidad». Diego Luciani finalizó su alegato luego de nueve jornadas solicitando una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina en el marco de la causa centrada en la presunta cartelización de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
El fiscal acusó a la vice y presidenta entre 2007 y 2015 de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita y cometer fraude contra el Estado. Aún restan los alegatos de los 13 imputados, lo que podría tomar hasta 39 jornadas de juicio oral. La sentencia del tribunal federal tiene dos instancias de apelación, incluida la Corte Suprema, que no tiene plazos para expedirse. Cristina Fernández tiene inmunidad de arresto en función de su cargo. Además, como tiene 69 años, una eventual condena firme la encontraría con al menos 70, por lo que tendrá derecho a arresto domiciliario.
El lunes, una vez finalizado el alegato de Luciani, el presidente Alberto Fernández, muchos diputados y el ministro de Economía, Sergio Massa, manifestaron su repudio a un juicio al que consideran una prueba de lawfare.
La causa se centra en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz a Austral Construcciones, firma del empresario Lázaro Báez quien era un gerente bancario hasta que Néstor Kirchner asumió la presidencia, en 2003. Inmediatamente, el gerente se transformó en empresario de la construcción y, sin experiencia, fue ganando licitaciones provinciales y fortunas. Báez era amigo personal de Néstor y socio y cliente en negocios inmobiliarios de la familia Kirchner. Cuando el expresidente murió, en 2010, Cristina tomó distancia de Báez, como de varias de las relaciones heredadas, pero el vínculo comercial siguió un tiempo.
El fiscal afirmó no tener ninguna duda de que “Báez es Kirchner”, y calificó el esquema que imperó en beneficio del contratista santacruceño como “la mayor maniobra de corrupción del país” desde la recuperación democrática, en 1983.
Por su parte la vicepresidente Cristina Kirchner realizó hoy una defensa más política que jurídica durante casi una hora y media por youtube. Reiteró que a su entender el juicio es nulo porque los hechos ya se habían juzgado en otras instancias, y acusó a los representantes del Ministerio Publico de seguir “un guión”, “una ficción”, creada por la oposición y por medios de comunicación.
Cristina dijo que “Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, introdujo Cristina Kirchner en un discurso transmitido en vivo desde su despacho del Congreso.
De acuerdo a la interpretación de los fiscales, las conversaciones extraídas legalmente del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas José López prueban no sólo los beneficios a los que accedió Lázaro Báez como presunto socio ilícito de Cristina Kirchner, sino también una maniobra para “limpiar todo”
luego de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015.
